CSJ exonera a más de la mitad de casos de jueces investigados

Una jueza de Familia fue denunciada por golpear a una señora que no quería entregar la custodia de un niño. Un juez de Paz de Santa Tecla fue acusado de acoso a una empleada y de atender asuntos personales en horas laborales. Estos son dos de los 68 casos en los que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió emitir exoneraciones para jueces desde agosto del año pasado.

(La Prensa Gráfica, 25 de junio 2017, por Gabriel García)

Datos oficiales muestran que los magistrados decidieron exonerar a más del 55 % de los 122 casos que revisaron entre agosto del año pasado y el 8 de mayo de este año. Además, 18 jueces presentaron revocatoria a las decisiones de la Corte.

“No querían pasar exoneraciones para que la gente no se quejara, pero eso lo que únicamente hacía era bulto. Es porque hay una gran cantidad de denuncias infundadas. Te agarran Investigación Judicial como que fuera el coco, ‘si no resuelves como quiero voy a denunciarte, le dicen a los jueces’... Investigación Judicial se supone que es para faltas administrativas. Si tú tienes un juez que comete delito, tienes que ir a Fiscalía, la instancia no es Investigación Judicial” , opinó la magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal Rosa María Fortín, una de las integrantes de la Mesa Judicial.

Fortín dijo que una de las iniciativas que se promovieron cuando ella participó de Corte Plena fue que se permitiera la prescripción de algunos expedientes; sin embargo esta iniciativa no tiene asidero legal y eso, a su juicio, dificulta el trabajo de depuración de casos.

De los 681 casos pendientes, 442 están en la primera etapa del proceso, conocida como la auditoría o el análisis preliminar de la denuncia, y únicamente cinco tienen estatus de “finalizado”. Además, 156 están listos para sentencia y 50 están en la etapa probatoria. La magistrada Fortín afirmó que el momento en el que la mayoría de casos se quedan estancados en Investigación Judicial es en la apertura a prueba. Esto, según ella, debido a la dificultad que tiene la Unidad de Investigación Judicial de la Corte para recolectar prueba suficiente para fundamentar un caso.

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