Corte Suprema de Justicia ordena que informes de Probidad sean secretos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el martes como “reservados” los informes de las investigaciones de presuntos actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios, a cargo de la Sección de Probidad del máximo tribunal.

(El Diario de Hoy, 22 de junio 2017, por Diana Escalante y Óscar Iraheta)

Tras una votación que estuvo dividida por un bloque de siete magistrados –incluyendo a los de la Sala de lo Constitucional– que abogaron por hacer públicos los datos por transparencia y ocho que insistieron en mantenerlos en secreto, para proteger el honor de las personas investigadas, se acordó ponerle candado a las investigaciones de Probidad.

Con base en los artículo 6 y 85 de la Constitución de la República, así como el 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se votó a favor declarar con reserva los documentos de cada expediente que contienen datos bancarios, financieros, contables y patrimoniales del funcionario o empleado público que está siendo investigado.
 
También a los informes que realice la Sección de Probidad basados en dicha documentación, porque son parte de los antecedentes y deliberaciones previas a la resolución final que debe pronunciar el pleno de la Corte.
 
La declaratoria de reserva durará hasta que la Corte emita una resolución definitiva de cada caso y se notifique.
 
Los magistrados resolvieron que tampoco podrá ser divulgada la información en los casos en los que se determine que no existen indicios de enriquecimiento ilícito. Esta será mantenida en secreto por siete años.
 
Quienes podrán tener acceso a los datos reservados son los magistrados de la CSJ y personal administrativo y jurídico de sus respectivos despachos; la secretaria general de la institución y sus colaboradores jurídicos, así como el jefe, el subjefe y personal administrativo y jurídico de la Sección de Probidad.
 
La votación
Fuentes de la CSJ informaron que los magistrados titulares de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y el suplente Eliseo Ortiz negaron sus votos para ponerle reserva a la información.
 
La misma posición tuvieron las magistradas Paula Velásquez y Sandra Chicas.
 
Quienes sí avalaron la decisión fueron sus colegas Sergio Luis Rivera, Roberto Argueta, María Luz Regalado, Óscar López Jerez, Elsy Dueñas, Ovidio Bonilla, Doris Luz Rivas y Leonardo Ramírez Murcia.
 
Uno de los magistrados que votó en contra de mantener oculta la información manifestó que no estuvo de acuerdo con la resolución porque “todo está arreglado ya en la Constitución (de la República), en la Ley de Acceso a la Información, en la jurisprudencia de la misma Sala, no es necesario declarar reserva”.
 
Sin embargo, explicó que la Ley de Acceso a la Información permite declarar reserva de información en determinados supuestos y a eso recurrieron sus ocho colegas.
 
“Hubo posiciones encontradas: la de los cinco de la Sala (de lo Constitucional) fue que no estábamos de acuerdo con esa reserva total; que tenía que verse caso por caso y abogamos por la máxima publicidad y por la transparencia. Se planteó de que ya hay jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional que abona en favor del acceso a la información pública”, expresó el magistrado.
 
Siete casos al pleno
La resolución que pone reserva a la información se da en momentos en que la Sección de Probidad está próxima a enviar no menos de siete casos a la Comisión Especial de la CSJ que investiga los bienes y cuentas de igual número de funcionarios o exfuncionarios.
 
La Comisión hará un análisis previo a presentarlos al pleno de la Corte para que determine si existen o no indicios suficientes para mandar a juicio a los investigados.
 
En marzo pasado, algunos magistrados revelaron que entre los casos que están por conocerse son el del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele; Belarmino Jaime, actual magistrado de la Sala de lo Constitucional; la diputada y exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar; y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Méndez, figuran en la lista. También hay tres expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
 
También están entre los investigados el presidente Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortiz y Sigfrido Reyes, presidente de Proesa y embajador para la promoción de las exportaciones e inversiones.
 
Algunos de estos casos son prioritarios por los plazos establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública para ser revelados.
 
Sin embargo, se sabe que la Sección de Probidad tiene alrededor de 60 investigaciones en curso de posibles incrementos injustificados al patrimonio de servidores públicos.
 
Otros ya pasaron a juicio , como los de los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, así como su exsecretario privado Élmer Charlaix. También el del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y del exdiputado Douglas Avilés.
 
Desde hace varios meses, los 15 magistrados que forman la Corte Plena han protagonizado fuertes debates por el envío a juicio de funcionarios y exfuncionarios que no pudieron justificar incrementos en sus cuentas y bienes.
 
Mientras que un grupo había insistido en que no se revelaran al público las discusiones del pleno sobre investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, el resto de sus colegas les han recordado que el interés público prevalece en estos casos.