Cumplimineto de sentencias: Tres sentencias de inconstitucionalidad sin cumplirse al cierre de 2015

La Asamblea Legislativa cerró 2015 incumpliendo tres sentencias de inconstitucionalidad en las que se le impuso el deber de legislar. Esto sugiere la necesidad de incluir estos temas en la Agenda legislativa para llenar los vacíos que generan en el ordenamiento jurídico.

1.    Legislación sobre el voto cruzado

La Sentencia de inconstitucionalidad 48-2014 del 5 de noviembre de 2014 estableció a la Asamblea Legislativa el deber de legislar sobre la implementación del voto cruzado en las elecciones legislativas de 2015. Tras no lograr un acuerdo, en la sesión plenaria del 4 de diciembre, la Asamblea emitió el Decreto Legislativo Nº. 844, denominado: “Decreto Transitorio que faculta al TSE la implementación del voto cruzado”, por medio cual estableció que para dar cumplimiento a la sentencia 48-2014, el TSE emitiera las disposiciones necesarias para una nueva forma de votación del voto cruzado. Al final el TSE reguló en aplicación directa de la Constitución, y respetó los criterios emitidos por la Sala de lo Constitucional en cuanto a la igualdad y unidad del voto, pero debe entenderse que eso aplica para 2015, mientras que una legislación definitiva permanece pendiente.


2. Legislación sobre el interés que paga el Estado a los trabajadores por sus fondos de pensiones

La inconstitucionalidad 42-2012/61-2013/62-2013 del 23 de diciembre de 2014 estableció que la rentabilidad de los Certificados de Inversión Previsionales emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que deben adquirir obligatoriamente las Administradoras de Fondos de Pensiones con los fondos de pensiones que administran y gestionan, son inconstitucionales por vulneración de la seguridad jurídica en relación con la seguridad social, en su manifestación del derecho a pensión por vejez, establecidas en los arts. 2 inc. 1° y 50 de la Constitución, respectivamente, ya que mantener la tasa vigente incide negativamente en el nivel de rentabilidad que obtendrán los ahorros de los cotizantes al Sistema de Ahorros para Pensiones y a la larga, en la calidad de su pensión.


Por ello, ordenó que “… el Órgano Legislativo debe hacer las adecuaciones necesarias a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, así como a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para lograr la inversión de dichos fondos de pensiones en condiciones de seguridad, liquidez y diversificación de riesgo, evitando la supeditación del bienestar futuro de los actuales afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones por la no optimización de los niveles de rentabilidad de ahorros previsionales, sin descuidar el bienestar de los actuales cotizantes y jubilados en el Sistema de Pensiones Público “.

Al cierre de 2015, no se había establecido un mecanismo definitivo que atendiera lo resuelto en la sentencia de inconstitucionalidad.


3. Legislación sobre mecanismos de adjudicación del espectro radioeléctrico

La sentencia de inconstitucionalidad 65-2012/36-2014 29 de julio de 2015 declaró que era inconstitucional que no existieran mecanismos alternativos a la subasta para asignar frecuencias para transmitir por radio y televisión. Por ello, mandó a la Asamblea Legislativa que “a más tardar el 31 de diciembre del presente año [2015], emita la normativa en la que se regule de manera clara, precisa, organizada y sistemática los mecanismos alternativos para la adjudicación de la concesión para la explotación del espectro radioeléctrico, que operarán de forma adicional al de la subasta pública, contenidos en los arts. 81 inc. final, 82, 83, 84, 85 y 100 de la LT.”


La sentencia también establece que “la Asamblea Legislativa deberá aprobar, a más tardar el 31 de diciembre del presente año [2015], la normativa respecto de las condiciones en que se llevarán a cabo las prórrogas sobre dichos servicios, [la concesión de las frecuencias] regulación que deberá contener, al menos, la obligación estatal de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas, la gestión de los bienes y recursos involucrados, y la responsabilidad de los concesionarios.”

Al final de 2015 esta regulación no había sido aprobada.


Un Estado de derecho sólido requiere el respeto de las decisiones judiciales y la Asamblea Legislativa está jurídicamente obligada a ello.