Recientemente, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto por medio del cual la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda para que emitiera 900 millones en títulos valores. La la sala resolvió que dicho decreto violaba los Arts. 131 Ord. 4º y 148 Inc. 2º Cn., en vista que fue aprobado con la participación de diputados suplentes cuya participación no estaba justificada.

La sala determinó la existencia de un fraude a la Constitución, en vista que se llamó a diputados suplentes para aprobar el decreto sin una causa legal para ello. La decisión respondió más bien a la falta dequórum y no por una causa válida tales como “muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”, que es lo que estipula la Constitución.

Además la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa el cese de las funciones de los diputados suplentes ya que actualmente no cuentan con legitimación popular, al no ser electos directamente por el pueblo. Por lo tanto, la actual legislatura podrá actuar únicamente por medio de los propietarios, debiendo el pueblo votar en las elecciones de 2018 por los suplentes.

Un grupo de diputados propietarios reaccionaron ante la sentencia y presentaron un “escrito de reconsideración”, en el cual solicitaban a la Sala que modificara los efectos de la sentencia, con el fin que les permitiera a los actuales diputados suplementes finalizar el periodo legislativo y que la declaratorio de inconstitucionalidad surtiera efectos hasta las elecciones legislativas de 2018.

No obstante, la sala argumentó que la petición solicitada era inadmisible, en vista que los firmantes carecían de capacidad de representación formal, ya que para presentar este tipo de escritos se debe de acreditar la calidad en que se comparece, requisito que fue omitido por los firmantes. Asimismo, la sala hace énfasis en que las sentencias de inconstitucionalidad no admiten ningún tipo de recurso, salvo la explicación de las mismas y una vez producidas adquieren efecto de cosa juzgada, de tal forma que no se puede modificar su contenido y son de obligatorio cumplimiento.

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